Arizona se está sumando a la disputa contra el plan de 10 años de la administración Trump para administrar el río Colorado, que podría reducir drásticamente la cantidad de agua que le corresponde al estado.
El Departamento de Recursos Hídricos de Arizona (Arizona Department of Water Resources en inglés) presentó una moción el viernes para intervenir en la demanda que Nevada interpuso previamente. En un comunicado de prensa, el director de la agencia afirmó que el plan del gobierno federal para el río, cuyo caudal está disminuyendo, “devastaría la economía de Arizona”.
“Los pueblos, las ciudades, las tribus, los agricultores, las fábricas y los negocios del estado no pueden sobrevivir sin un suministro suficiente de agua del río Colorado”, sostienen los abogados del estado en la moción.
Nevada presentó una demanda a finales de agosto contra varias agencias federales, argumentando que su plan impone una carga mayor a los estados de la cuenca baja. La cantidad de agua del río Colorado está disminuyendo debido al cambio climático, que reduce la cantidad de nieve y escorrentía que alimenta embalses como el lago Mead y el lago Powell, así como a los acuerdos de mediados del siglo veinte que prometieron a los usuarios más agua de la que realmente existe. Debido a que los siete estados que dependen del río Colorado no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo administrar sus recursos hídricos, el gobierno federal emitió un plan destinado a equilibrar mejor la cantidad de agua disponible en el río con la cantidad que se extrae.
Arizona y Nevada argumentan que ya han tomado medidas para conservar agua y que están siendo señalados de manera injusta.
“Los estados de la cuenca baja han aportado millones de acres-pie de agua para estabilizar el sistema del río. Desde 2014, se han dejado más de 5.5 millones de acres-pie de agua de Arizona en el lago Mead. Ningún otro estado ha hecho mayores sacrificios”, afirmó Tom Buschatzke, director del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona, en un comunicado del 16 de octubre. “La decisión de Estados Unidos pone toda la carga de los sacrificios sobre los hombros de tres estados. Nos estamos sumando a Nevada para impugnar ese marco”.
El río Colorado se divide entre los estados de la cuenca alta — Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming — y los estados de la cuenca baja: Arizona, Nevada y California. El Pacto del Río Colorado de 1922 asigna 7.5 millones de acres-pie de agua al año a cada una de las dos cuencas, además de una porción menor para algunas zonas de México. Los estados estadounidenses de cada cuenca se reparten sus respectivas asignaciones.
Un acre-pie equivale a casi 326,000 galones de agua, una cantidad suficiente para cubrir un acre de terreno, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol, en un pie de agua. En Arizona, un acre-pie suele ser suficiente para abastecer a tres viviendas unifamiliares durante un año, según el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona.
California recibe la mayor asignación de agua del río Colorado: 4.4 millones de acres-pie al año, aproximadamente el 27%. Los otros estados de la cuenca baja reciben asignaciones menores. Arizona recibe 2.8 millones de acres-pie, cerca del 17% anual, mientras que Nevada recibe 300,000 acres-pie, alrededor del 2% anual, según informes del Congreso y un análisis de políticas públicas de California.
El plan de la Oficina de Reclamación de Estados Unidos exige que los estados de la cuenca baja asuman posibles recortes en el suministro de agua. Para Arizona, la propuesta implica una reducción de 760,000 acres-pie al año, aproximadamente una cuarta parte de su asignación de agua y el mayor recorte entre los tres estados de la cuenca baja. California tendría que reducir su consumo en 440,000 acres-pie al año y Nevada en 50,000. En conjunto, los recortes podrían alcanzar hasta 3 millones de acres-pie.
El gobierno federal no exige recortes a los estados de la cuenca alta. En cambio, solicita que los estados río arriba aporten voluntariamente 200,000 acres-pie cada año por dos años.
“Arizona siempre ha estado dispuesta a hacer su parte para proteger el río Colorado, pero no aceptaremos un plan federal impuesto que pretenda resolver esta crisis a costa de nuestras familias, agricultores y empresas”, afirmó la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, en un comunicado el viernes.
El Departamento del Interior criticó la acción legal de Arizona y afirmó que la administración Trump está trabajando con los estados de la cuenca, las tribus y los usuarios del agua para alcanzar un acuerdo.
“La gobernadora Hobbs está equivocada, y es lamentable ver que Arizona está haciendo política en lugar de trabajar para encontrar soluciones significativas”, declaró un portavoz del Departamento del Interior a Arizona Luminaria en un comunicado enviado por correo electrónico. “Los litigios no crearán ni una sola gota adicional de agua ni cambiarán las realidades hidrológicas que enfrenta la cuenca del río Colorado”.
En la demanda que Arizona presentó junto con su moción para sumarse al litigio de Nevada, el estado sostiene que hubo una falla en la evaluación ambiental federal que sirvió de fundamento para la decisión. Según la demanda, todas las opciones federales consideradas “partían de la premisa de que los estados de la cuenca alta no reducirían significativamente su propio consumo, sin importar cuánta agua produjera el río”.
“Las alternativas imponían toda la carga de cualquier déficit resultante a los estados de la cuenca baja”, señala la demanda.
Los derechos de agua en el oeste de Estados Unidos se rigen por el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, lo que significa que quienes reclamaron o compraron derechos sobre el agua del río primero tienen prioridad sobre quienes lo hicieron después. En el caso de Arizona, esto significa que sus derechos sobre el agua del río Colorado tienen menor prioridad que los de California, que solicitó el uso del agua antes. La mayoría de los derechos sobre el agua del río Colorado se asignaron a principios del siglo veinte.
“Estos recortes podrían dejar prácticamente sin agua al sistema de canales del Proyecto de Arizona Central (Central Arizona Project en inglés), así como a muchas de nuestras comunidades ribereñas, y más que duplicarían los recortes de agua acordados en el Acuerdo de la Cuenca Baja”, afirmó Buschatzke.
La demanda que Nevada presentó en agosto se interpuso apenas tres días después de que el Departamento del Interior de Estados Unidos anunciara formalmente su plan para el río Colorado ese mismo mes. En la demanda, Nevada sostiene que los recortes “provocarán impactos devastadores en el medioambiente, la situación socioeconómica, la salud y la seguridad de los habitantes del sur de Nevada”.
La demanda también sostiene que el plan del gobierno federal infringe varios requisitos establecidos en la denominada Ley del Río (Law of the River), un conjunto de acuerdos, tratados, leyes y decisiones judiciales que regulan la administración del río Colorado.
El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, celebró la decisión de Arizona de sumarse a la demanda. En un comunicado emitido el viernes, afirmó que se trata de “un paso importante para impugnar un plan federal que impone una carga injusta a la cuenca baja y no exige reducciones significativas a la cuenca alta”.
Arizona sostiene que sumarse a la demanda de Nevada le permitiría evitar presentar una demanda independiente, aunque similar, y representar sus propios intereses como estado fronterizo.
“Arizona considera que tomar esta medida ahora ofrece el mejor camino para proteger a los usuarios de agua de Arizona”, afirmó Buschatzke.
Esta nota se actualizó para incluir comentarios del Departamento del Interior de Estados Unidos.
Traduccion: Susan Barnett
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