Una subvención federal de 4.2 millones de dólares para nuevos vehículos policiales generó críticas el miércoles debido a las condiciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias vinculadas al dinero, pero el Concejo Municipal votó por unanimidad para aceptarla después de que el abogado de la ciudad dijo que Tucson no está obligado por esas condiciones.
La discusión en la reunión sobre si aceptar el dinero a través de un programa del Departamento de Justicia llamado Community Oriented Policing Services Technology and Equipment Program, o COPSTEP, muestra la tensión en los esfuerzos de la ciudad por acceder a recursos federales mientras miembros de la comunidad expresan preocupaciones urgentes por las detenciones migratorias que continúan.
En la carta de asignación, el gobierno federal señala que las condiciones para aceptar la subvención incluyen que Tucson debe permitir el intercambio de información sobre ciudadanía y estatus migratorio; comprometerse a no operar programas de diversidad, equidad e inclusión; y cumplir con las órdenes ejecutivas presidenciales, entre otras.
Pero el abogado de la ciudad dice que esas condiciones no son vinculantes y que tampoco lo serían posteriormente, porque un juez federal ha impedido que el gobierno haga cumplir algunas de ellas. Un juez determinó esta semana que el gobierno federal no puede vincular exigencias de aplicación de las leyes migratorias a ciertas subvenciones de seguridad pública, en uno de varios litigios activos sobre el tema.
“Esas condiciones no aplican como parte de nuestra aceptación”, dijo el abogado de la ciudad, Roi Lusk. “Para obtener una orden judicial federal que bloquee algo, primero hay que demostrar, en cierta medida, que se tiene un caso”.
El miércoles por la noche, la aceptación de la subvención estaba inicialmente incluida en la agenda de consentimiento, una parte de la reunión habitual del Concejo Municipal en la que los asuntos se votan en conjunto, en lugar de uno por uno. Pero durante los comentarios públicos, Asa Ramsey expresó preocupación por las condiciones vinculadas a la subvención. Ramsey también cuestionó aceptar dinero destinado a la policía para mantener seguras a las comunidades cuando esas mismas comunidades también están siendo afectadas por la aplicación de las leyes migratorias.
“Estamos en un entorno que ha sido devastadoramente hostil para muchas personas de nuestra comunidad”, dijo Ramsey, quien asistió en persona a la reunión del miércoles. “Quiero proponer, en cambio y, seguir alentándonos, a hacer inversiones estratégicas en la comunidad”.
A solicitud de la vicealcaldesa Lane Santa Cruz, el Concejo retiró el asunto de la agenda de consentimiento para discutirlo, pero finalmente votó por unanimidad para aceptar los fondos.
El dinero se utilizará para nuevos vehículos y motocicletas de patrulla del Departamento de Policía de Tucson y también destinará recursos a un programa llamado Place Network Investigations. El programa identifica zonas con un alto número de tiroteos y despliega agentes adicionales para enfocarse tanto en detener a personas que están infringiendo leyes específicas como en otros asuntos, como las violaciones de los códigos de construcción.
El dinero federal para la subvención proviene de un mecanismo llamado fondos dirigidos por miembros. Los dirigentes de la ciudad presentan a los miembros de la delegación del Congreso de Arizona lo que quieren financiar y luego cada senador o representante elige qué propuestas apoyar.
La financiación para los nuevos vehículos policiales fue respaldada por el representante republicano Juan Ciscomani. Incluso mientras se siguen contabilizando los votos finales, los resultados electorales más recientes muestran que es probable que pierda su escaño ante la demócrata JoAnna Mendoza.
El abogado de la ciudad, Lusk, señaló que la mayor parte del dinero federal que la ciudad ha recibido durante la administración Trump ha venido con condiciones similares, incluidos fondos destinados a esfuerzos de vivienda asequible.
“Ha habido… cientos de millones de dólares y decenas de subvenciones que hemos aceptado bajo estas condiciones”, dijo Lusk.
La ciudad enfrenta cuatro demandas federales distintas relacionadas con condiciones similares que involucran a agencias federales, dijo Lusk.
Traducción: Beatriz Limón
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