Ante un nuevo conjunto de reglas de la administración Trump que busca limitar el financiamiento federal para programas de atención a largo plazo para personas sin hogar, Tucson está adoptando una estrategia de dos frentes.
La ciudad se ha unido a una demanda nacional que solicita a un juez declarar que las nuevas restricciones al financiamiento son perjudiciales y discriminatorias. Al mismo tiempo, trabaja para ayudar a los proveedores locales a presentar las mejores solicitudes posibles dentro del proceso de financiamiento, cuyo plazo vence más adelante este verano.
“La competencia de este año sigue siendo un desafío”, dijo Jason Thorpe, subdirector de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Tucson, durante una sesión de trabajo del Concejo Municipal celebrada el martes. “Los nuevos requisitos federales obligarán a nuestro Continuum of Care (el organismo local encargado de distribuir y supervisar los programas para personas sin hogar) a implementar requisitos adicionales para los participantes y a desviar una parte considerable del financiamiento destinado a la vivienda permanente”.
El 1 de junio, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) publicó las directrices sobre cómo financiará los programas locales para atender la falta de vivienda durante 2027 y 2028. Entre los cambios más importantes está el redireccionamiento de recursos que antes se destinaban a viviendas permanentes con servicios de apoyo hacia opciones de alojamiento de menor duración, así como una mayor prioridad para las localidades que aplican medidas más estrictas para controlar la falta de vivienda.
“El experimento de ‘housing first’ (vivienda primero) les falló a los estadounidenses al mantener a personas vulnerables en viviendas sin obtener resultados”, afirmó el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, en un comunicado en el que anunció las nuevas prioridades.
La administración también sostiene que los programas de vivienda deben alinearse con las órdenes federales que buscan eliminar las protecciones para las personas cuya identidad de género no coincide con la postura de la administración Trump.
Tucson se unió a las ciudades de Boston y Cambridge, así como a varias organizaciones de defensa sin fines de lucro, en una demanda contra las restricciones propuestas por el HUD respecto a los programas que está dispuesto a financiar.
“Este nuevo Aviso de Oportunidad de Financiamiento (NOFO, por sus siglas en inglés) causará daños devastadores e irreparables a los demandantes y a los miembros de las asociaciones demandantes, a los esfuerzos de las comunidades para atender la falta de vivienda y a las personas que dependen de los programas financiados por el Continuum of Care para obtener vivienda y otros apoyos”, señala la demanda.
Esta es la segunda vez en menos de un año que la administración Trump intenta modificar qué programas locales pueden recibir fondos federales para atender la falta de vivienda. Un administrador local dijo a un investigador que observar políticas que podrían empujar nuevamente a las personas a la falta de vivienda era “como una marcha sombría hacia la muerte”.
Tucson formó parte de una de las demandas que, por ahora, logró frenar la implementación de ese primer intento.
Aun así, la ciudad también está alentando a los proveedores locales a hacer todo lo posible por presentar solicitudes de financiamiento al gobierno federal que cumplan con los nuevos requisitos.
“Estamos trabajando de cerca con los proveedores para alinearnos con las prioridades locales y posicionar a nuestra comunidad para seguir siendo competitiva en la obtención de fondos federales bajo estos nuevos modelos”, dijo Thorpe al alcalde y al Concejo Municipal.
Eso podría incluir la reasignación voluntaria de recursos de programas de vivienda de transición hacia programas de realojamiento rápido, que podrían ser vistos más favorablemente por la administración Trump.
“Mediante la reasignación, el Continuum of Care puede crear nuevos proyectos alineados con los objetivos del HUD, eliminando proyectos con bajo desempeño o que puedan financiarse de manera más adecuada con otras fuentes”, señala un documento informativo dirigido a los proveedores.
Durante administraciones anteriores, el gobierno federal renovaba de manera general cerca del 90 % de los proyectos en marcha de una localidad, al reconocer que la estabilidad y la continuidad eran fundamentales para trabajar con comunidades vulnerables que enfrentan la falta de vivienda.
Con el enfoque más reciente de la administración Trump, solo el 60 % de los fondos destinados a proveedores y programas locales estará protegido. “El 40 % restante estará sujeto a competencia nacional”, explicó Thorpe.
Uno de los cambios en la estrategia de vivienda de la administración Trump destina más recursos a proyectos para personas sobrevivientes de violencia doméstica, lo que podría beneficiar a algunas familias vulnerables de Tucson. Actualmente, dijo Thorpe, hay 800 hogares que huyen de situaciones de violencia doméstica en la lista de prioridad para vivienda, una cifra que supera ampliamente la capacidad disponible de los proveedores.
“Esta convocatoria representa una oportunidad importante para ampliar los recursos destinados a esos hogares”, afirmó Thorpe.
Los nuevos requisitos de financiamiento de la administración Trump forman parte de una estrategia más amplia que favorece políticas de seguridad pública enfocadas en la intervención policial y los arrestos para retirar a las personas de las calles, aun cuando persiste una escasez de vivienda a nivel nacional.
Esa tensión se ha reflejado en comunidades de todo el país desde el caso Grants Pass, que permite a las ciudades sancionar a las personas por dormir al aire libre.
Tucson opera bajo una política de “vivienda primero” (housing first), que prioriza ayudar a las personas a acceder a una vivienda sin exigirles previamente alcanzar la sobriedad u otras metas como condición.
Al mismo tiempo, la ciudad ha aprobado una serie de ordenanzas contra la invasión de propiedad (trespassing) que prohíben acampar en los cauces de arroyos y en los parques municipales. También ha mantenido las labores de alcance comunitario como parte de su iniciativa Safe City, cuyo objetivo es conectar a las personas con servicios de apoyo mediante el envío de trabajadores de alcance comunitario, junto con agentes del orden, cuando se desalojan campamentos o se sanciona a personas por dormir al aire libre.
La directora del Departamento de Parques y Recreación de Tucson, Lara Hamwey, habló durante la sesión del martes sobre una nueva unidad del departamento, denominada Parks Assistance and Community Engagement (PACE), diseñada para responder a los reportes de campamentos de personas sin hogar.
Entre sus funciones estarán establecer contacto con las personas que se encuentren en los parques para ayudarlas a acceder a servicios, servir de enlace con grupos comunitarios y vecinales cercanos a los parques municipales y comunicarse con la Policía de Tucson cuando se detecte a personas acampando en parques de la ciudad.
“Cada situación que ocurre dentro de un parque será un poco diferente”, dijo Hamwey. “El objetivo de crear una unidad como esta es permitirnos contar con un plan de respuesta concentrado”.
Corrección: Jason Thorpe fue identificado por error como director de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Tucson. Thorpe es el subdirector del departamento.
Traducción: Beatriz Limón
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