Con algunos residentes de casas móviles en Arizona enfrentando desalojos por facturas de servicios públicos impugnadas, la fiscal general Kris Mayes emitió el viernes una alerta al consumidor advirtiendo a los parques contra los cobros ilegales en exceso y explicando cómo los residentes pueden protegerse.
“Cuando los parques tergiversan el consumo real de los inquilinos, omiten información crítica del medidor o engañan a los inquilinos sobre la estructura tarifaria adecuada, lo hacen bajo su propio riesgo”, dijo Mayes, recordando a todos los parques de casas móviles que tienen obligaciones específicas relacionadas con la facturación bajo la ley de Arizona.
En los parques con medidor maestro, la compañía de servicios públicos posee un medidor que mide el consumo de todo el parque, mientras que los medidores instalados en casas móviles individuales, a menudo propiedad del propio parque, miden el consumo de cada vivienda.
Bajo un proceso llamado submedición, el administrador es responsable de dividir la facturación de cada casa prefabricada individual en función de las lecturas de los medidores independientes.
A diferencia de un cliente directo de la empresa de servicios, los residentes en parques con medidor maestro no tienen acceso al servicio de atención directa al cliente de las empresas de servicios públicos y deben depender de su arrendador o administrador del parque para resolver la disputa.
Las consecuencias son graves porque los parques pueden llevar a un residente a la corte de desalojo si los cargos por servicios públicos se facturan como parte de su renta.
“Si fueran clientes directos de la empresa de servicios, no podrían ser desalojados por una factura alta de agua”, dijo Raye Winch, organizador de Poder Casas Móviles, un grupo de residentes de casas móviles y defensores de la vivienda. “Mucha gente termina pagando facturas que saben que son incorrectas, que son cientos de dólares más altas al mes, porque no quieren perder sus hogares”.
Durante el último año, Arizona Luminaria ha cubierto la experiencia de los residentes de casas prefabricadas en el condado de Pima, desde la tragedia de un parque durante un apagón eléctrico hasta los impactos de un sistema roto de facturación de servicios públicos, un análisis de datos sobre las altas tasas de muertes por calor en casas prefabricadas y los esfuerzos de organización de los residentes en torno a la seguridad durante apagones.
Ese trabajo ha coincidido con un aumento en los esfuerzos de organización en el condado de Pima, incluso para abordar el impacto de facturas de servicios públicos altas o fraudulentas en los residentes de casas prefabricadas.
A principios de esta semana, Mayes envió una carta de cese y desistimiento a un parque de casas móviles en el sur de Tucson ordenando a la compañía restaurar la electricidad y el aire acondicionado a los residentes, uno de los primeros casos públicos en que la oficina de Mayes interviene en una disputa relacionada con casas móviles.
El comunicado del viernes hace varias sugerencias sobre cómo los residentes que son propietarios de sus casas pero rentan el terreno en parques de casas móviles con medidor maestro pueden protegerse de facturas de servicios públicos inusualmente altas:
- Comprenda cómo funciona su medidor, incluido qué unidad de medida utiliza, y documente esas lecturas en caso de que necesite evidencia para disputar su factura.
- Por ley, los estados de cuenta de facturación del parque deben incluir las lecturas iniciales y finales del medidor y las fechas de las lecturas del medidor para cada período de facturación, así como el costo de los cargos por servicios públicos. Los residentes deben asegurarse de recibir una factura detallada con esa información y buscar cargos excesivos.
- Los residentes que tengan preocupaciones sobre facturas altas deben presentar su queja por escrito a su arrendador, presentar una petición ante el Departamento de Vivienda de Arizona o comunicarse con la oficina de la Fiscal General en Phoenix al (602) 542-5763, en Tucson al (520) 628-6648, o fuera de las áreas metropolitanas de Phoenix y Tucson al (800) 352-8431.
Lea la lista completa de recomendaciones de la fiscal general aquí.
Traducción: Beatriz Limón
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