La empresa privada que operará un centro de detención de inmigrantes en Marana solicitó una licencia comercial al municipio, avanzando hacia la eliminación de uno de los últimos obstáculos burocráticos antes de que el centro pueda comenzar a operar.
Management & Training Corporation, o MTC, firmó en septiembre un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para operar el centro de Marana, pese a meses de oposición continua por parte de miembros de la comunidad.
La antigua prisión podría reabrir como centro de detención de inmigrantes en los próximos 60 días, pero necesita una licencia comercial para hacerlo.
“La empresa no puede reabrir ni operar legalmente el centro sin una licencia comercial”, dijo Vic Hathaway, director de comunicaciones de Marana. El municipio recibió la solicitud el 1 de octubre.
El grupo organizador Pima Resists ICE, o PRICE, ha pedido a los líderes del municipio que intenten bloquear el centro en la medida de sus posibilidades, y afirma que las acciones anteriores de la empresa deberían impedir que el municipio apruebe una licencia comercial.
En particular, señalan una sección del código municipal que establece que se debe negar una licencia comercial a un solicitante si es culpable de fraude, engaño o tergiversación, o si el negocio se ha llevado a cabo de manera ilegal o “de una manera que constituya una alteración del orden público o una amenaza para la salud pública”.
El grupo señala el historial de MTC de no reportar denuncias de abuso sexual, como se detalla en una investigación reciente de Lookout y The Intercept. También cita violaciones de contratos anteriores, como el de una prisión estatal operada por MTC en Kingman, donde inspecciones públicas encontraron que las instalaciones tenían poco personal y señalaron numerosas preocupaciones de seguridad.
El exgobernador Doug Ducey rescindió el contrato de MTC para operar la prisión después de un motín ocurrido en el centro en 2015.
“Es indiscutible que esta corporación ha violado múltiples normas para obtener una licencia comercial en el municipio de Marana”, dijo Caroline Isaacs, directora ejecutiva de Just Communities Arizona, a Arizona Luminaria.
Para obtener una licencia comercial en Marana, el solicitante presenta una solicitud al especialista en licencias comerciales y luego pasa por el proceso de revisión establecido en el código municipal. Los departamentos del municipio que podrían verse afectados por la licencia investigarán la solicitud y recomendarán su aprobación o rechazo al inspector de licencias, dijo Hathaway.
El proceso podría tomar varias semanas y, por lo general, no incluye un componente de participación pública.
“No habrá un proceso de revisión pública”, dijo Hathaway sobre la solicitud de MTC. Además, no se han emitido nuevos permisos de construcción para MTC desde enero de 2025, dijo.
La cantidad de personas que albergará la antigua prisión estatal es motivo de preocupación, particularmente en medio de un aumento en las muertes de personas detenidas en centros de detención de inmigrantes durante la segunda administración de Trump.
Se espera que el centro tenga una capacidad de 775 camas y emplee a 338 trabajadores de tiempo completo, según Lawhead.
Esa capacidad es aproximadamente 50% mayor que la capacidad de 513 personas que tenía el centro cuando funcionaba como prisión estatal.
Una declaración pública del gobierno federal hecha este verano señaló que su objetivo era aumentar aún más el número de personas en el centro, hasta casi triplicar la capacidad de la antigua prisión, llevando el edificio a una capacidad de 1,300 camas mediante el uso de camas temporales.
Los organizadores de PRICE han argumentado que el uso del inmueble como centro de detención de inmigrantes conectado a una infraestructura nacional de deportación, especialmente con una posible ampliación de su capacidad, representa un cambio significativo respecto al uso anterior del inmueble y requiere una nueva aprobación de zonificación.
Documentos obtenidos por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Arizona (ACLU de Arizona) en 2025 encontraron que funcionarios de Marana informaron a MTC que solo se requerían permisos de construcción y una licencia comercial para la conversión, debido a que la zonificación ya estaba establecida.
Traducción: Beatriz Limón
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