La jueza de derecho administrativo encargada de evaluar el aumento de tarifas solicitado por Tucson Electric Power (TEP, por sus siglas en inglés) recomienda un incremento de dos dígitos que elevaría las facturas residenciales promedio en un 11.2%. También respalda la solicitud de TEP de implementar aumentos anuales de tarifas mediante una nueva fórmula.
En 2025, TEP solicitó a la Comisión de Corporaciones de Arizona un aumento de tarifas del 13% y un cambio al Mecanismo de Ajuste Anual de Tarifas (ARAM, por sus siglas en inglés), que actualiza las tarifas cada año.
Desde entonces, el proceso legal, que ha durado varios meses, ha incluido horas de testimonios bajo juramento, documentos legales y tablas complejas de tarifas eléctricas. El Condado de Pima, la Ciudad de Tucson, la Fiscalía General de Arizona y la Oficina de Protección al Consumidor de Servicios Públicos Residenciales participaron en el proceso para expresar sus preocupaciones por un aumento significativo de dos dígitos que afectaría a las comunidades del sur de Arizona.
La jueza de derecho administrativo Julia L. Matter, quien trabaja para la Comisión de Corporaciones de Arizona (ACC, por sus siglas en inglés), emitió el 20 de octubre una orden de 278 páginas en la que propone resoluciones sobre los numerosos puntos considerados en el caso del aumento de tarifas. Está previsto que la ACC revise las recomendaciones de la jueza y posiblemente vote sobre ellas durante una reunión pública el 17 de noviembre.
Paralelamente a cada etapa del debate sobre TEP en Tucson, continúa creciendo una campaña a favor de la energía eléctrica de propiedad pública, encabezada por el capítulo de Tucson de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), que cada vez aparece con mayor frecuencia en las discusiones del Concejo Municipal.
La pregunta de si se debe otorgar a Tucson Electric Power una franquicia de 25 años para utilizar las calles, callejones y otras vías públicas de la ciudad para instalar sus líneas eléctricas y equipos estará en la boleta electoral del 3 de noviembre. TEP forma parte de un grupo de compañías de servicios públicos propiedad de Fortis Inc., que, según el sitio web de TEP, es la mayor empresa canadiense de servicios públicos de gas y electricidad con inversión privada.
Joseph Barrios, gerente de comunicaciones corporativas de TEP, dijo a Luminaria que la empresa todavía está revisando la orden recomendada. Barrios señaló que la compañía “agradece el tiempo y el esfuerzo que la jueza de derecho administrativo y las partes intervinientes han dedicado a este proceso”.
Daniel Dempsey, quien trabajó como analista de valores autorizado para inversores en empresas energéticas y que ahora sigue realizando labores de análisis mientras dirige Underground Arizona, dijo sentirse decepcionado por las recomendaciones de la jueza. “Siempre queda un poco de esperanza de que se aparten de lo habitual en algún aspecto, pero no lo hicieron”, dijo sobre la recomendación de proponer un aumento de tarifas cercano al monto solicitado por TEP. “En términos generales, es decepcionante”.
Aumento de tarifas
El aumento de ingresos solicitado por TEP, que inicialmente era de aproximadamente el 14%, terminó siendo de alrededor del 13%.
TEP afirma que, desde 2021, ha invertido $1,700 millones en el mantenimiento y la mejora del servicio, incluido el proyecto de almacenamiento de energía Roadrunner Reserve, un sistema de baterías diseñado para ayudar a satisfacer el aumento de la demanda durante el verano. Al mismo tiempo, la empresa señala que se ha vuelto más difícil recuperar los costos y que la inflación ha aumentado a tasas de dos dígitos durante los últimos años.
La oficina de la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, sugirió que un aumento de tarifas adecuado sería del 4%. En un testimonio presentado ante la ACC en febrero, escribió que “TEP puede lograr el mismo nivel de confiabilidad con un aumento de sólo el 4%, al ajustar lo que pagan los clientes a los costos reales de TEP”.
La jueza de derecho administrativo determinó que la estructura tarifaria propuesta por TEP era adecuada. Esto significaría un aumento del 11.2% en las facturas mensuales promedio.
Si la ACC aprueba la orden de la jueza, las nuevas tarifas podrían entrar en vigor tan pronto como el 1 de diciembre de 2026.
Actualizaciones de tarifas
TEP también solicitó un cambio en la manera en que se determinan las tarifas en el futuro. La empresa propuso un proceso llamado Mecanismo de Ajuste Anual de Tarifas (ARAM, por sus siglas en inglés), que actualiza las tarifas cada año. La compañía sostiene que este mecanismo permitiría reflejar los costos en las tarifas de los clientes de manera más oportuna y predecible.
La jueza de derecho administrativo estuvo de acuerdo con la solicitud de implementar el ARAM. Señaló que el mecanismo reduciría los retrasos regulatorios y podría beneficiar a los clientes.
“Coincidimos en que el ARAM mejorará la transparencia y la supervisión, reducirá los costos administrativos, eliminará varios de los mecanismos de ajuste de TEP, probablemente permitirá que TEP acceda a capital a tasas más bajas en beneficio de los clientes, podría resultar en reducciones de tarifas y promoverá aumentos graduales”, señala la recomendación.
Próxima reunión
La Comisión de Corporaciones de Arizona tiene programada provisionalmente una reunión pública para el 17 de noviembre para analizar las recomendaciones de la jueza. Se puede asistir en persona o participar por teléfono llamando al 877-309-3457 e ingresando el código de acceso 801972877. Consulta el expediente del caso aquí.
Barrios, de TEP, dijo que, si se aprueba, el ARAM no necesariamente provocaría aumentos automáticos de tarifas y que, en cualquier caso, tendría que recibir la aprobación de la ACC. “Los ajustes anuales se basarían en documentación presentada que describa los costos reales de mantenimiento, mejoras y otras inversiones para los clientes”, señaló en una declaración enviada por correo electrónico.
Los críticos de la propuesta habían señalado que los aumentos anuales sobre una tarifa total cada vez más alta provocarían un incremento insostenible en los precios de la electricidad y que no darían suficiente tiempo de anticipación para que la ciudadanía pudiera expresar sus opiniones.
La jueza de derecho administrativo no estuvo de acuerdo con las preocupaciones relacionadas con el debido proceso y señaló: “El debido proceso requiere notificación y una oportunidad significativa de ser escuchado, no una audiencia probatoria completa en todas las circunstancias ni un plazo específico para la revisión”.
Dempsey dijo que no estaba de acuerdo con el análisis de la jueza. Señaló que la enorme cantidad de documentos presentados ante la ACC sobre el tema requeriría que una persona trabajara a tiempo completo para supervisar a TEP. “Desde el punto de vista económico, tiene sentido porque luchar en estas disputas le ahorra dinero a toda la comunidad cuando ellos [TEP] buscan aumentos excesivos, y siempre van a buscar aumentos excesivos. Ese es su trabajo”, dijo Dempsey a Luminaria.
Programa de asistencia de TEP para personas de bajos ingresos
La jueza también dijo que aprueba la propuesta de TEP para reestructurar su programa Lifeline, destinado a personas de bajos ingresos. La propuesta establecería dos categorías de clientes que recibirían asistencia:
- Los clientes cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 100% del nivel federal de pobreza recibirían un descuento del 50% en su factura mensual.
- Los clientes cuyos ingresos familiares se encuentren entre el 101% y el 200% del nivel federal de pobreza recibirían un descuento del 20% en su factura.
Sin embargo, la jueza señaló que la asequibilidad del servicio eléctrico para los residentes de bajos ingresos seguía siendo una preocupación importante. Por ello, propuso ordenar a TEP que trabajara con Wildfire, una organización contra la pobreza, para inscribir a más personas en sus programas de descuentos para hogares de bajos ingresos en determinados códigos postales.
“TEP trabaja arduamente para controlar los costos frente al aumento de los precios de equipos, repuestos, materiales de construcción y otros componentes necesarios para prestar nuestro servicio”, dijo Barrios en un comunicado. “TEP continúa realizando actividades de divulgación comunitaria y ofrece acuerdos de pago extendidos, prórrogas de pago y otras formas de asistencia”.
Traducción: Susan Barnett
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