Los residentes de Tucson probablemente verán un aumento de alrededor del 9% en sus facturas de electricidad a partir del 1 de diciembre, luego de que la Comisión de Corporaciones de Arizona (ACC por sus siglas en inglés) aprobara un incremento en las tarifas de Tucson Electric Power (TEP).

Esto refleja el panorama de la asequibilidad de los servicios públicos en la región. El aumento se suma a otro incremento aprobado en 2023 para los clientes residenciales de TEP, que elevó las facturas un promedio de 9.3%. Además, Southwest Gas busca aumentar sus ingresos en un 10% sobre las tarifas actuales, con vigencia a partir de 2027. 

La comisión también aprobó un cambio al Mecanismo de Ajuste Anual de Tarifas (ARAM, por sus siglas en inglés), que permite a la compañía solicitar ajustes a sus tarifas cada año. Tanto los comisionados de la ACC como la empresa han dicho que este mecanismo reducirá los retrasos en los procesos regulatorios. Sin embargo, sus críticos advierten que los aumentos anuales sobre tarifas que ya van en aumento podrían provocar un incremento insostenible en el costo de la electricidad.

La decisión se tomó después de una reunión de la comisión que duró todo el día del martes. Durante la sesión, los comisionados debatieron qué aspectos mantener y cuáles modificar, al presentar y votar enmiendas a la orden de 278 páginas emitida el 20 de octubre por la jueza de derecho administrativo Julia L. Matter.

“Sabemos que cualquier aumento puede ser difícil para los clientes, pero nos enorgullece que nuestras tarifas estén aumentando a un ritmo menor que la inflación, incluso mientras modernizamos nuestra red eléctrica local para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de nuestra comunidad”, dijo la directora ejecutiva de TEP, Susan Gray, en un comunicado el miércoles. Según un informe del Congreso de Estados Unidos, la tasa de inflación entre octubre de 2025 y octubre de 2026 fue del 4.02%.

El aumento de tarifas y la nueva fórmula de cálculo enfrentaron una amplia oposición, tanto de campañas comunitarias como Public Power for Tucson, como de la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y la ciudad de Tucson.

“La ACC ha optado por aumentos innecesarios en las tarifas y por generar inestabilidad en las facturas de electricidad de los clientes de TEP”, indicó la oficina de la fiscal general Mayes en un comunicado el miércoles. “Todos los residentes de Arizona deberían saber que la ACC decidió facilitar que los inversionistas de TEP obtengan ganancias, en lugar de apoyar a los usuarios que tienen dificultades para llegar a fin de mes”.

Aunque el martes se aprobaron varias enmiendas, el analista de energía Daniel Dempsey dijo que la decisión final fue similar a lo que la jueza había propuesto inicialmente.

“No creo que haya cambiado nada realmente significativo” con respecto a la orden de la jueza, dijo Dempsey, quien anteriormente trabajó como analista de valores con licencia para inversionistas de empresas energéticas. Actualmente continúa realizando análisis y dirige Underground Arizona, una organización sin fines de lucro que comparte información sobre debates legales y financieros relacionados con las empresas de servicios eléctricos en todo el estado.

La compañía también tendrá que presentar un estudio del costo de servicio cuando los centros de datos se conecten al sistema de TEP, de acuerdo con una enmienda aprobada el miércoles.

Entre los temas que se discutieron durante la audiencia del martes estuvieron las preocupaciones constantes sobre la asequibilidad de los servicios públicos.

“Ninguna familia que vive con ingresos fijos debería tener que elegir entre mantener su hogar fresco y pagar por los alimentos”, dijo Shelly Burgoyne, directora para el sur de Arizona de VetsForward, durante el periodo de comentarios públicos. “TEP debe demostrar que cada dólar que les pide pagar a sus clientes es absolutamente necesario y justo, en lugar de utilizar el dinero que tanto nos cuesta ganar para garantizar sus ganancias corporativas y financiar la expansión de los centros de datos”.

Uno de los cambios más importantes, además del aumento previsto en las facturas residenciales tras la aprobación de las nuevas tarifas, fue la implementación del ARAM, que permite a la compañía solicitar ajustes tarifarios anuales.

Mientras continúa un proceso judicial encabezado por la Oficina de Asuntos del Consumidor de Servicios Públicos Residenciales de Arizona (Arizona’s Residential Utility Consumer Office en inglés), que impugna el ARAM, otro punto de la agenda del martes mostró cómo podría funcionar este mecanismo en la práctica. La comisión discutió la primera solicitud de ajuste de tarifas de UNS Gas, la primera empresa a la que la ACC autorizó utilizarlo. UNS Gas es una subsidiaria de Fortis, la empresa matriz de TEP.

Hasta ahora, UNS ha solicitado un aumento del 7.7% en sus ingresos mediante una solicitud presentada este otoño. Durante la audiencia del martes, un representante de UNS Gas dijo que el nuevo mecanismo de ajuste de tarifas estaba funcionando como la compañía lo había previsto. “Creemos que está funcionando sin problemas”, dijo.

Cynthia Zwick, de la Oficina de Asuntos del Consumidor de Servicios Públicos Residenciales, dijo que a su agencia se le había dificultado verificar la información presentada por UNS en un plazo tan corto. “Este es un proceso muy rápido”, dijo. “En este momento, no estamos seguros de que realmente haya un beneficio para los clientes como resultado de esto”.

Las próximas discusiones sobre las tarifas en 2027 se llevarán a cabo bajo una comisión diferente: dos de los cinco puestos serán ocupados por nuevos comisionados elegidos por los votantes en noviembre, quienes han expresado críticas a los aumentos en las tarifas.

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Yana Kunichoff is a reporter, documentary producer and Report For America corps member based in Tucson. She covers community resilience in Southern Arizona. Previously, she covered education for The Arizona...