Durante los últimos ocho años, un parque de casas prefabricadas en Tucson ha estado cobrando cientos de dólares de más a sus residentes por el agua. Pero esa práctica terminó este verano, cuando la fiscal general de Arizona intervino como parte de una investigación más amplia sobre las prácticas de submedición en parques de casas móviles.
Ahora Skyline Real Estate, la empresa que administra Desert Haven Mobile Home Park en Tucson, cerca de la I-10 y Miracle Mile, acreditará a los residentes el dinero que pagaron de más. Para algunos residentes, eso equivale a más de 1,000 dólares.
“Los residentes de casas móviles en Arizona deben pagar la cantidad correcta que deben por los servicios públicos y ni un centavo más”, dijo la fiscal general Kris Mayes en un comunicado el jueves.
Los residentes en parques con medidor maestro están a merced de un sistema de servicios públicos anticuado con un historial de problemas de sobrecobros y un sistema legal que deja a algunos de los residentes del estado más vulnerables, con pocas vías de reparación y que puede llevarlos a perder sus hogares.
En los parques con medidor maestro, la compañía de servicios públicos posee un medidor que registra el consumo de todo el parque, mientras que los medidores instalados en cada casa móvil, y a menudo propiedad del mismo parque, miden el consumo de cada vivienda individual.
Bajo un proceso llamado submedición, el administrador es entonces responsable de dividir la facturación de cada casa prefabricada individual en función de las lecturas de los medidores independientes.
Organizadores con sede en Tucson han pasado el último año alertando sobre los sobrecobros en servicios públicos en parques de casas móviles, incluso en varias propiedades de Skyline Real Estate, mientras que Arizona Luminaria ha estado informando sobre el calor y los problemas con los servicios públicos en parques de casas prefabricadas.
Raye Winch, organizador de Poder Casas Móviles, dijo que están agradecidos de que la oficina de la fiscal general haya dado un paso adelante cuando tantos otros sistemas no lograron responsabilizar a los dueños de los parques por los cobros indebidos de servicios públicos. Eso incluye a los tribunales de desalojos que expulsan a la gente a pesar de la evidencia de facturas fraudulentas de servicios.
“Celebramos que la Oficina de la Procuradora General esté dispuesta a defender y usar su poder. También necesitamos que los jueces en otros niveles de este proceso realmente revisen las facturas de servicios públicos, las lean y se aseguren de que sean precisas antes de decir que los residentes tienen que pagar o ser desalojados”, dijo Winch.
Skyline Real Estate, una empresa con sede corporativa en California, es propietaria de más de 60 parques de casas móviles en todo Estados Unidos, con al menos otros 10 en el área de Tucson.
En Flowing Wells Mobile Gardens, otro parque de Tucson propiedad de Skyline, más de 35 residentes vieron cómo sus facturas de electricidad se disparaban el año pasado, pero no pudieron encontrar una vía para resolver el problema. Un residente fue desalojado por facturas impagas, aunque probablemente mal cobradas.
El otoño pasado, Poder Casas Móviles coordinó una reunión entre el concejal de Tucson Kevin Dahl y residentes de casas móviles que enfrentaban altas facturas de servicios públicos. En diciembre, los residentes se reunieron con reguladores estatales en la Biblioteca Valencia. Y en marzo, un grupo de residentes asistió a un foro de justicia de vivienda celebrado en Tucson por la procuradora general Kris Mayes.
Este mes, Mayes ha tomado varias medidas activas para abordar los problemas de servicios públicos en los parques de casas móviles. Demandó a un parque de casas móviles en Tucson por no informar a los residentes que el sistema eléctrico del parque era “extremadamente peligroso, poco confiable y sobrecargado”.
Su oficina también emitió una alerta al consumidor referente a sobrecobros de servicios públicos en los parques de casas móviles.
Con estas acciones, todos los operadores de parques de casas móviles deberían estar prevenidos, dijo Mayes.
“Los operadores de parques de casas móviles y cualquier otro propietario que mida los servicios públicos están obligados a facturar los montos correctos a sus inquilinos o mi oficina los hará responsables”, decía el comunicado del jueves.
Traducción: Beatriz Limón
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