La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó el martes para retrasar la discusión de un informe que el alguacil del condado, Chris Nanos, presentó durante la reunión sobre su historial laboral y conducta, señalando que los supervisores necesitaban tiempo para revisarlo.
Personas abarrotaron la sala de audiencias de la Junta de Supervisores la mañana del martes, y poco a poco comenzaron a retirarse mientras la junta avanzaba en una extensa agenda. Durante el espacio de participación pública, varios oradores pidieron un mayor escrutinio sobre las acciones de Nanos.
“De hecho, es su trabajo supervisar a todos los funcionarios electos. Por eso hemos estado esperando desesperadamente que responsabilicen al alguacil, porque si realmente están preocupados por la investigación de Nancy Guthrie, entonces deberían estar igual de interesados en que se investigue qué está mal con nuestro alguacil”, dijo un orador más temprano esa mañana.
La administradora del condado, Jan Lesher, anunció que la junta recibió el informe de Nanos alrededor de las 2 p.m. y que fue hecho público en el momento de su recepción. Nanos no asistió a la reunión.
La solicitud del informe incluía preguntas sobre cuatro temas: su representación previa de su historial laboral con el Departamento de Policía de El Paso, sus acciones disciplinarias contra la teniente Heather Lappin y el sargento Aaron Cross, la cooperación de su departamento con las autoridades federales de inmigración y los repetidos casos en que su departamento ha excedido su presupuesto.
La junta finalizó la sesión de preguntas y la solicitud durante la reunión anterior de la Junta de Supervisores el 7 de abril, cuando votaron por unanimidad exigiendo que Nanos presente un informe sobre su historial laboral y conducta, señalando que podría ser removido de su cargo si no cumplía.
Redactada por el abogado de Nanos, James Cool, la respuesta abordó todos los asuntos en orden, comenzando con las preguntas sobre el empleo previo de Nanos. Señaló que, aunque Nanos tuvo acciones disciplinarias en El Paso —incluyendo asesoramiento, amonestaciones y suspensiones—, nunca fue suspendido durante su servicio en el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, y que su testimonio previo sobre no haber sido suspendido se dio en el contexto de la Carta de Derechos de los Oficiales de Paz de Arizona.
En cuanto a las acciones disciplinarias contra Lappin y Cross, el informe indicó que el proceso en ambos casos siguió las políticas establecidas del departamento y del condado, y que las decisiones fueron ratificadas tras una revisión independiente por parte del director de recursos humanos del condado y el comité de quejas.
Cool añadió que los litigios civiles que involucraban a Cross y Lappin estaban en curso, por lo tanto “el Sheriff debe ser consciente del impacto que sus declaraciones públicas en respuesta a esta investigación podrían tener en el litigio”. También dijo que estaba “bastante seguro de que la Junta no desearía que el carácter público de su investigación genere una posible responsabilidad para el Condado en estos casos donde actualmente no existe”.
Nanos negó trabajar con autoridades federales de inmigración, afirmando que ha implementado políticas para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), como no permitir agentes de ICE en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Pima, no aceptar órdenes de detención de ICE y rechazar la certificación 287(g) para los agentes.
Por último, el abogado de Nanos abordó las preocupaciones presupuestarias señalando que el departamento ha operado por debajo del presupuesto en tres de los últimos cinco años fiscales, con sobrecostos mínimos en los otros dos.
La junta acordó discutir el informe en la próxima reunión de supervisores el 12 de mayo. En la sesión del 7 de abril, la presidenta Jen Allen, del Distrito 3, dijo que la junta pidió a Nanos abordar cada problema listado, cualquier acción ya tomada, los próximos pasos propuestos y los plazos para su implementación. En la próxima reunión, los supervisores podrían evaluar si el informe de Nanos responde adecuadamente a esas preguntas.
Angelica Carrillo, la oficial de información pública del Departamento del Sheriff, dijo que Nanos “ha respondido completamente a las preguntas presentadas por la Junta de Supervisores del Condado de Pima” y que el “asunto involucra litigios civiles pendientes y por lo tanto no se discutirá en este momento”/ Añadió que “el Sheriff Nanos permanece disponible para reunirse con la Junta” y que “da la bienvenida a la continuidad del diálogo en interés de la transparencia y el mantenimiento de la confianza pública”.
El supervisor del Distrito 4, Steve Christy, el único republicano de la junta, también propuso publicar un informe de 65 páginas encargado por el Departamento de Recursos Humanos del Condado de Pima que Nanos “utilizó su autoridad y los recursos del departamento para beneficio político”. Un extracto del informe fue publicado por la Organización de Oficiales del Condado de Pima, el sindicato que representa a los agentes de base, el 13 de abril, pero el informe completo aún no se ha hecho público.
La presidenta Jen Allen, en cambio, propuso aplazar el asunto hasta el 12 de mayo. Todos los supervisores, excepto Christy, votaron a favor de la moción de Allen, posponiendo el tema hasta la próxima reunión de la junta de supervisores.
El informe surge en medio de un creciente escrutinio
Las acciones de la junta se producen en medio de una creciente presión política y legal sobre Nanos, incluido un esfuerzo de revocación de mandato, múltiples demandas y un voto unánime de “falta de confianza” por parte del sindicato de agentes a finales de marzo.
En el centro de la investigación de la junta se encuentran registros de los primeros años de la carrera de Nanos en el Departamento de Policía de El Paso a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, descubiertos por Arizona Republic.
Una creciente campaña para destituir al sheriff está siendo liderada por el candidato republicano al Congreso Daniel Butierez, quien ha señalado tanto el manejo del sheriff de casos de alto perfil como las dudas sobre su historial laboral como justificación para el esfuerzo. Butierez necesita reunir casi 122,000 firmas antes del 10 de julio.
El esfuerzo de revocación se produce tras una reñida elección en 2024 en la que Nanos derrotó a la candidata Heather Lappin por menos de 500 votos, lo que provocó un recuento. Lappin presentó un aviso de reclamación por 2 millones de dólares en abril de 2025, alegando que el sheriff Chris Nanos tomó “medidas disciplinarias injustificadas” y abusó de las propias políticas del departamento “con el propósito específico de influir en la elección”. La demanda sigue en curso.
Nanos también ha enfrentado críticas y acciones legales por su manejo de la aplicación de leyes de inmigración. En julio de 2025, la ACLU presentó una demanda contra Nanos y el departamento, exigiendo una respuesta a una solicitud de registros relacionada con las llamadas de los agentes para solicitar asistencia a las autoridades federales de inmigración.
Traducción: Beatriz Limón
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